Morelia, Michoacán a 30 de junio de 2023.,– Los cinco proyectos propuestos por el Ayuntamiento de Morelia para su autorización con cargo al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) 2023 son inviables, aseguró Alan Martínez Marroquín, director de Seguimiento de la Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Rechazó que este dictamen tenga un trasfondo político como lo han señalado las autoridades del municipio, demostrando las irregularidades normativas con que presentaron los proyectos, dado que no fueron apegados a las Reglas de Operación del Fondo, el cual es un documento público y verificable en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, difundido el día lunes 16 de enero de 2023.
La mayor irregularidad es que las obras no están aprobadas por el Cabildo de Morelia, y que fueron presentadas únicamente a las comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal; la de Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable; y la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; y no fue sometida a consideración del Pleno.
Lo anterior incurre en desacato incluso al propio Acuerdo de comisiones, y transgrede el artículo 15, numeral V, de las Reglas de Operación del FAEISPUM 2023; y el artículo 197, fracción II; de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
Por otro lado, el edil moreliano ha minimizado dicha omisión en reiteradas ocasiones, lo cual constituye una total falta de respeto al Cabildo y a sus facultades, pasándole por encima e ignorando completamente su pluralidad.
Sin embargo, no es la única irregularidad de los proyectos, sino que existen otras de carácter técnico que quizá pueden constituir un riesgo mayor para la ciudadanía, como la omisión de presentar una Manifestación de Impacto Ambiental, previo a la ejecución de la obra, de acuerdo con la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado.
Es el caso de la conexión vial del fraccionamiento Quinta Cantera con la Avenida Amaría Solórzano, que además de no contar con dicho estudio, se trata de una obra que beneficia a unos pocos, pues es solamente para mejorar la accesibilidad de ese asentamiento de clase media alta, con un costo cercano a los 40 mdp.
No obstante que vencieron los tiempos para la presentación y corrección de los proyectos de acuerdo a las Reglas de Operación, el Gobierno del Estado ha manifestado su disposición y apertura para recibir alguna modificación a la cartera, solicitando proyectos que cumplan con las Reglas de Operación y estén apegados a la legalidad, sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento ha sido minimizar sus omisiones, poniendo en riesgo el desarrollo sustentable, el medio ambiente, y a la población misma.