ANTONIO TENORIO ADAME
Septiembre 23 de 2024… Los vientos de cambio soplan con rigor en el pleno del Congreso. Bajo la presión de alta velocidad, la LXVI Legislatura concede su aprobación a toda prisa a las veinte iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como un obsequio de despedida: es el “adiós al presidente”.
MINORÍAS CON PRIVILEGIOS DE EQUIDAD.
Entre las recientes reformas constitucionales aprobadas, se encuentran la controvertida de la Ley del poder judicial, seguida por la que modifica el artículo 2 constitucional que otorga personalidad jurídica a los pueblos afromestizos. Así como la relativa a la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército mexicano, entre otras que se aprobarán con sesiones extenuantes.
Las reformas a la constitución del actual sexenio se cifran en alrededor de 83, hasta el 15 de este septiembre, cifra similar a la alcanzada durante el régimen de Ernesto Zedillo, 2000 – 2006, durante la edad dorada del neoliberalismo.
El “adiós del presidente” se ha convertido en consigna para agilizar los requerimientos del proceso legislativo con la debida observación a fin de evitar sean objeto de demandas de inconstitucionalidad.
El mayor escollo a la aprobación al “paquete del adiós”, fue la discutida falta de mayoría constitucional de la bancada de Morena en el Senado, lo que llevo a la oposición a mantener un frente cerrado en la disciplina de partido para evitar cualquiera de los 43 votos que la formaban se diera un desplazamiento individual.
El fracaso al deseo de “sellar a la oposición” fue la falsa consideración de partir de la idea de que la suma de partidos propicia un todo unitario, cuando en realidad se trata de una coalición electoral en sus orígenes, que se transformó en un pacto de grupos parlamentarios cuyos objetivos son diferentes y los escenarios en que actúan son también distintos.
En dichas circunstancias, los escenarios y los actores se modificaron con la variante de una realidad contingente, también de otro orden, al pasar de una individualidad ciudadana a un representación de la nación. Por consecuencia se les inviste de un fuero, no solo para proteger la libertad de expresión en toda su dimensión, sino también para reforzar la división de poderes. No obstante, dentro de los cuerpos partidistas, tanto quienes la integran como el mismo corporativo que la conforma, algunos de sus integrantes son vulnerables, por actos del orden común, como ocurrido en el voto de Miguel Ángel Yunes del Partido Acción Nacional.
La campaña a la “reforma judicial” previa a su discusión y aprobación en el Congreso, se había convertido en un desafío existencial de la división poderes y la autonomía del poder judicial.
El reto al poder presidencial partió del reiterado embate a demandas del Ejecutivo en materia de amparos otorgados para frenar la obra pública, como el Tren maya, la liberación de responsables en juicios de alto impacto del narcotráfico o de violencia, así como frenar las demandas del fisco por evasión de impuestos, con el crucial asunto de Ricardo Salinas Rocha. El reiterado reto de los ministros dio lugar a una enérgica respuesta del presidente, cuya respuesta fue la reforma judicial en la postrimerías de su administración. De tal modo, se convierte en el último eslabón y a la vez en puerto de salida del siguiente administración.
MAYORÍAS CON DICIPLINA DE PARTIDO.
El costo para Morena ha sido elevado, sin embargo, a más de considerarlo indispensable, se procedió a garantizar la mayoría constitucional con el voto necesario del senador Yunes, quien además de lo posible negociado se le obsequió el plus de saludar a la presidenta electa.
La falta de mesura por el procedimiento que se aplicó de atraer el peor de los casos de la desconstrucción de la transparencia política dio, en cierta manera, el ámbito de triunfalismo que priva en Morena, por la percepción de obtener 35 millones de votos en las urnas.
En el Senado se operó en la votación de la reforma al Poder judicial con la modificación del sentido del voto del senador Miguel Angel Yunes Marquez, a cambio de retirar las investigaciones de delitos penales, incluidos los familiares, lo que significa una invasión de facultades a poderes concernientes a la Fiscalía del Gobierno de Veracruz.
Como “fracaso de la política”, fue considerado por Jorge Zepeda Patterson (Milenio, 240916), por estimar que se convierte en “un contrasentido de la reforma que pretende mejorar la impartición de justicia”, o en la lisa llana del proverbio: “el fin justifica a los medios”, el Presidente le llamó “mal menor”, sin embargo siempre queda pendiente ¿Quién justifica los fines? El objetivo de López Obrador ha sido revertir el neoliberalismo, al que llama “cambio de régimen”, mismo que al principio se reducía a denunciar la corrupción y aplicar medios de denuncia para proceder a toma de decisiones, a la par de exaltar la “austeridad”.
Para proceder en contra del cambio de régimen ha promovido hasta el 15 de septiembre del actual, unas 83 reformas constitucionales, cantidad similar a las 89 de Miguel de la Madrid y superior a las 78 reformas de Ernesto Zedillo. De aprobarse las 20 iniciativas del Presidene, rebasaría a sus homólogos que promovieron el neoliberalismo para lo cual llevaron a cabo un total de 253 reformas a la constituciones, con las cuales se trastocó el sistema del Estado social mexicano; se pasó entonces a constituir un modelo de Estado neoliberal.
El marco jurídico del neoliberalismo afectó severamente el proyecto de Nación originaria que diseño la Constitución de 1917, donde se disponía que esta era la propietaria originaria del suelo y subsuelo del territorio nacional. Las reformas regresivas de Solidaridad de Salinas de Gortari fueron 55 de las cuales se dio paso al despojo por medio de ventas amañadas de bienes comunitarios, y las reformas estructurales de Peña Nieto, de las 31 que aprobó el Congreso 13 fueron determinantes en abrir el mercado a la iniciativa privada. Además hay que añadir las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador, carecen del impacto de orden integrador que tuvieron las neoliberales para logar revertir sus efectos con el se recupere y adecue al esquema de origen del Estado social de la revolución.
Otra analogía útil concierne al periodo del desarrollo estabilizador comprendido entre 1954 a1970 en los que se registró la tasa más alta y prolongada de crecimiento con: 3.9 per cápita, y la tasa de inflación de 2.9 de incremento.
El mito de reformar la constitución para alcanzar el pleno desarrollo de la nación se derrumba al observar en el mencionado periodo, que concierne tres administraciones federales, solo se promulgaron 31 reformas constitucionales.
PARA FINES CONSTITUCIONALES.
En conclusión, “el adiós constitucional del obradorismo” solo propicia efectos de regulación gradual ante los abismos del neoliberalismo: Un sistema económico globalizador que mantiene sujeto el potencial crecimiento soberano de la nación mexicana.
