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Morelia, Mich, 13 de septiembre de 2024.- Por unanimidad, la 75 Legislatura de Michoacán aprobó reforzar las sanciones a distintos delitos relacionados a la violencia sexual, establecidos en el Código Penal del Estado.

Se trata de delitos como: violación genérica, violación entre cónyuges, abuso sexual, hostigamiento sexual siendo docente, lenocinio, violencia digital a la intimidad sexual, entre otros.

El dictamen presentado por la Comisión de Justicia, fue el resultado del estudio y análisis de 22 iniciativas de las y los legisladores y del Gobernador del Estado que presentaron en su momento, para así reformar dicho Código atendiendo los estándares internacionales en la materia.

En este sentido, se estableció que se le impondrá de 9 a 20 años de prisión a quien por medio de violencia física o psicológica realice cópula, y en el caso de que exista un vínculo matrimonial o de concubinato, el delito se perseguirá por querella; asimismo, la violación equiparada, se sancionará con pena de 10 a 30 años de prisión.

Ahora por ley, será motivo de pena de prisión el uso de nuevas tecnologías para editar o modificar la apariencia y hacer que ésta corresponda a determinada persona, en su rostro, cuerpo, voz o cualquier otra característica.

De igual forma, se agrega un tipo penal en el que se prohíbe tajantemente la comunicación de adultos con un menor de edad o con quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, por medios digitales, con fines lascivos o proposiciones de índole sexual, castigando de cinco a veinte años de prisión y multa de quinientos a mil días; las penas previstas en este artículo se aumentarán en dos terceras partes cuando el actor, además, procure un encuentro personal.

Respecto al delito de abuso sexual, se reformula la construcción típica del delito, entendiendo como tal, los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos; este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia en cuyo caso se procederá de oficio.

En el caso de los menores de dieciocho años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la haga observar o ejecutar dicho acto, se le impondrá de 9 a 20 años de prisión y multa de 750 a 2 mil 250 Unidades de Medida y Actualización. Si se hiciere uso de violencia física o psicológica, la pena prevista se aumentará hasta en una mitad.

Se inhabilitará de uno a cinco años, al servidor público que cometa hostigamiento sexual; cuando el sujeto activo sea docente y cometa el delito en ejercicio de sus funciones, será suspendido del ejercicio de la profesión e inhabilitado de uno hasta cinco años para ejercer cargos o comisiones de docencia.

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Morelia, Mich, 10 de septiembre de 2024.- La capacitación constante, el aprendizaje continuo y la adquisición de nuevas herramientas que les permitan a las y los trabajadores del Congreso del Estado, desempeñar mejor su labor en beneficio de la ciudadanía, es la premisa que ha priorizado el Poder Legislativo en Michoacán.

Así lo manifestó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Ivonne Pantoja Abascal, en el marco de la clausura y entrega de constancias de los distintos cursos impartidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMI) a 156 empleados legislativos.

Ivonne Pantoja dijo estar muy contenta por el cierre de estos cursos en distintos temas, como actualización de office, informática e inglés, por lo que felicitó a las y los trabajadores que se graduaron, “es fundamental que tengan las herramientas necesarias para continuar con su labor en las distintas áreas técnicas de este Poder Legislativo”, agregó.

Destacó asimismo, la importancia de que sean los propios trabajadores, quienes impulsen la realización de los distintos talleres, para que tengan las herramientas necesarias que les permitan crecer personal y laboralmente.

Por su parte, Rogelio Andrade Vargas, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), aseguró que vienen más cursos para capacitarse y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, a través de las herramientas que está facilitando el ICATMI.

En este acto, también estuvo presente Otilia Sánchez Martínez, directora de planeación y evaluación del ICATMI; Jesús Alfredo Fernández Pérez, director del plantel Morelia ICATMI; Edelmira Mendoza Moreno, secretaria de trabajo y conflictos del STASPLE; y Raymundo Romero Monroy, secretario de organización y propaganda del STASPLE.

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Morelia, Mich, 9 de septiembre de 2024.- El Pleno del Poder legislativo incluyó el concepto de “perspectiva de familia” al artículo 5° del Código Familiar para el Estado de Michoacán, a fin de garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de todos los miembros de ese núcleo social.

En el artículo, quedó definido que la perspectiva de familia permite a las autoridades, en los distintos ámbitos de su competencia, tomar en cuenta la realidad familiar para adaptar y adoptar medidas transversales que salvaguarden la cohesión familiar, su estructura y sus dinámicas.

En el Dictamen elaborado por la Comisión de desarrollo Integral de la Familia, con base en la iniciativa presentada por la diputada Luz María García, se determinó que la inclusión de la perspectiva de familia y su integración como principio jurídico en el derecho familiar, fortalece el marco legal y asegura una sociedad más justa y equitativa, donde la dignidad y los derechos de cada individuo dentro del núcleo familiar sean plenamente respetados y protegidos.

De igual forma, establece que la justificación legal para la inclusión del principio jurídico de la perspectiva de familia en el derecho familiar, se fundamenta en los principios consagrados en la Constitución, así como en la jurisprudencia de la SCJN y los tratados internacionales que protegen la familia.

Además, precisa que la Constitución Mexicana cuenta con un marco robusto para la protección y desarrollo de la familia, garantizando su bienestar y estabilidad, que promueve un sistema de justicia más justo y humano.

Finalmente, su implementación asegura que las normas jurídicas sean interpretadas y aplicadas de manera que respeten y realcen los derechos humanos, contribuyendo al bienestar general y a la cohesión social.

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Morelia, Mich, 9 de septiembre de 2024.- El Congreso del Estado concretó reformas a su Ley Orgánica y de Procedimientos, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a fin de establecer el mecanismo legislativo para solicitar información a servidores públicos y su respectiva comparecencia ante el Poder Legislativo.

Luego de aprobar las reformas dictaminadas y puestas a consideración del Pleno por las comisiones de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y la de Gobernación, las y los integrantes de la 75 Legislatura fortalecieron el procedimiento para solicitar la información referida a los servidores públicos, sobre asuntos concernientes a su respectiva competencia.

Con las reformas, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, deberán proporcionar al Congreso del Estado la información que les sea requerida sobre asuntos concernientes a su competencia, en un plazo no mayor a veinte días naturales o, en su caso, comparecer ante sus comisiones o el Pleno.

A la Secretaría de Gobierno, le corresponderá atender, en coordinación con los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, la información requerida por el Congreso del Estado y, en su caso, el desahogo de las comparecencias cuando así lo acuerden las Comisiones o el Pleno.

En el ordenamiento jurídico, se estipuló que, en caso de que el servidor público o funcionario no comparezca, sin causa justificada, la Comisión correspondiente podrá presentar propuesta de Acuerdo para que comparezca ante el Pleno.

De esta manera, con las reformas, se precisan en el marco jurídico las atribuciones de los funcionarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y el procedimiento legislativo de las comisiones, respecto a la solicitud de información y las comparecencias de los referidos servidores públicos.

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Morelia, Mich, 8 de septiembre de 2024.- En atención a los principios de pro persona, igualdad y no discriminación, la 75 Legislatura de Michoacán determinó aumentar del tres al cinco por ciento, la obligación de los tres Poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos, de contratar a personas con discapacidad del total de sus plantillas laborales.

Fueron las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, las encargadas de dictaminar la reforma al artículo 42 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para aumentar el porcentaje de personas con discapacidad en las fuerzas laborales.

Dicha reforma, impulsada por el diputado Roberto Reyes Cosari, garantizará que las personas con discapacidad accedan a su derecho de un trabajo y empleo sin ningún tipo de distinción, exclusión, en goce de igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito laboral.

Asimismo, se le instruyó al Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el dar seguimiento a la creación y promoción del centro de capacitación laboral para personas con discapacidad, que se establece en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Finalmente, se estableció que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, tendrán que incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, los recursos para la implementación y ejecución de la política pública recién reformada.

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Morelia, Mich, 8 de septiembre de 2024.- Padres o madres que laboren al servicio del Estado o sus municipios, podrán solicitar licencia o permisos económicos con goce de sueldo cuando así lo requieran, para cuidar o atender a sus hijos diagnosticados con cualquier tipo de cáncer o que tengan alguna discapacidad.

Lo anterior, luego que el Pleno de la 75 Legislatura del Congreso del Estado votó a favor de reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, que garanticen a las y los trabajadores atender las emergencias médicas de sus menores hijos.

Conforme al Dictamen elaborado por las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Desarrollo Integral de la Familia, se aprobó una reforma al artículo 22, 22 BIS y artículo 36, a fin de que las madres y padres trabajadores, cuando tengan a sus hijos enfermos o con alguna discapacidad, así como los diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, puedan asistirlos en las terapias o rehabilitaciones que requieran, y para ello, deberán presentar el comprobante médico correspondiente.

Con esta acción, las y los legisladores michoacanos destacan la importancia de garantizar el derecho al principio de igualdad y la no discriminación de las y los niños enfermos que necesitan atención particular.

Así, el “interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes menores de dieciséis años”.

El Dictamen en cuestión fue elaborado luego del estudio y análisis sobre las iniciativas presentadas por las y los legisladores Margarita López Pérez, Anabet Franco Carrizales, Julieta García Zepeda y Juan Carlos Barragán Vélez; Mayela del Carmen Salas Sáenz, Víctor Manuel Manríquez González, Roberto Reyes Cosari, J. Reyes Galindo Pedraza y Oscar Escobar Ledesma, todas con la finalidad de incorporar el derecho a los permisos económicos con goce de sueldo a madres y padres trabajadores al servicio del estado y sus municipios.

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Morelia, Mich, 6 de septiembre de 2024.- En Sesión Extraordinaria, las y los legisladores michoacanos votaron a favor de una reforma mediante la cual, a las trabajadoras y personas mestruantes se les concedan licencias con goce de sueldo.

De esta manera, se adiciona un inciso c) a la fracción VI del artículo 22 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

El Dictamen aprobado señala que, a quienes se les diagnostique con endometriosis severa o dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante, podrán ausentarse hasta dos días, presentando el certificado o la constancia médica que acredite dicha condición.

Los días utilizados serán con goce de sueldo y no afectarán las prestaciones laborales establecidas.

Para tal efecto, deberán presentar en el área correspondiente de su centro laboral, el certificado médico o la constancia médica que lo acredite, mismo que será emitido por la persona especialista en ginecología de alguna institución del Sistema Nacional de Salud o Institución de Seguridad Social subrogada.

A quienes se les diagnostique con endometriosis severa o dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante, podrán ausentarse hasta dos días, presentando el certificado médico o la constancia que acredite dicha condición. Los días utilizados serán con goce de sueldo y no afectarán las prestaciones laborales establecidas.

Dicho certificado tendrá una vigencia de seis meses a partir de su expedición, al término del cual deberá realizarse una nueva valoración médica que dé constancia del diagnóstico; mismo que en ningún momento podrá ser considerado como enfermedad profesional o riesgo de trabajo.

Las y los diputados coincidieron que esta licencia, tiene como finalidad que las mujeres trabajadoras menstruantes, tengan condiciones de igualdad reales y efectivas, evitando la discriminación de exclusión, por causas fisiológicas.

Ello, sin que se vuelva incompatible con su actividad laboral, reivindicando sus derechos laborales, que les permita el libre ejercicio de su actividad profesional, sin menoscabo a su bienestar físico y emocional.

Ante el Pleno Legislativo se determinó que la gestión de la salud menstrual de las trabajadoras incluye factores sistemáticos y socioculturales que son esenciales para el desarrollo de la equidad y los derechos de las mujeres, y que no es un tema de higiene, sino de salud.

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Morelia, Mich, 6 de septiembre de 2024.- Por unanimidad, la 75 Legislatura aprobó reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, a fin de dar mayor certeza jurídica a las y los elementos operativos de las instituciones del ramo, estatales o municipales, así como el personal ministerial y peritos, en materia de horarios de trabajo.

Mediante el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil y la de Trabajo y Previsión Social, se adicionó el artículo 123 a la ley en mención, para establecer que los servicios que preste dicho gremio, se regirán por el horario que para tal efecto haya sido establecido en sus respectivos reglamentos internos.

Lo anterior, con el objetivo de salvaguardar los derechos mínimos de las y los empleados de las instituciones policiales, toda vez que el trabajo es uno de los derechos humanos de mayor trascendencia, lo que hace necesario que el estado establezca las garantías jurídicas y sociales para que las personas puedan acceder a este derecho de manera equitativa en igualdad de condiciones.

Las y los legisladores, destacaron la importancia de contar con una reglamentación en materia de las jornadas laborales de los cuerpos de seguridad pública, para evitar la discrecionalidad en la forma de operar y en la asignación de las jornadas laborales, así como el abuso de poder.

De igual forma, expresaron que, de acuerdo a estudios específicos, se ha documentado que los elementos de seguridad pública que laboran jornadas amplias tienen repercusiones en su organismo, especialmente en su estado de ánimo, que les ocasiona depresión, trastornos del sueño y ansiedad, enfermedades cardiacas, hipertensión, sobrepeso, diabetes, fatiga crónica, así como afectaciones al corazón y la vista.