César Hernández / @CesarHdzNoti.
Morelia, Mich, 21 de julio de 2024.- Los decomisos de maquinas “mini casinos” en Michoacán no son la solución para frenar la ola de inseguridad, son parte de un botín que también los servidores públicos quieren ganar, manifestaron empresarios de centros de juegos de esparcimiento de Morelia.
Por motivos de seguridad, prefirieron mantenerse en el anonimato, pero no quedarse callados ante la serie de atropellos por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Dio a conocer qué hay muchas irregularidades tras los recientes operativos realizados en Uruapan, en donde las autoridades no dan a conocer el dinero que decomisan, únicamente señalan el número de objetos eléctricos.
“Algunas máquinas a veces pueden llegar a reunir mil pesos en puras monedas”, explicó durante la entrevista realizada este sábado.
Destacó que no existe una verdadera investigación para dar con los lugares en donde realmente se realizan actos ilícitos, y muchas veces las actuaciones perjudican a personas que únicamente buscan trabajar bajo la legalidad.
“Ahora ya nos extorsiona el gobierno y el Crimen Organizado (CO)”, advirtió.
Tras realizar un recorrido a varios locales ubicados en el centro histórico de Morelia, se pudo observar que contaban con una licencia de funcionamiento expedida por el Ayuntamiento.
No se observó la venta o consumo de bebidas embriagantes, tampoco dejaban fumar al interior, reglas que los propios usuarios saben desde que entran a los establecimientos.
“Nosotros pertenecemos a una asociación nacional de maquineros, no vendemos ninguna sustancia ilícita y siempre pagamos nuestros impuestos a Hacienda bajo el giro de casa de juego”, refirió otro de los dueños de este tipo de negocios.
Apuntó que la Unión Nacional de Maquineros (UNAMA) está legalmente constituida y tiene presencia en varios estados de la República, incluido Michoacán.
Detalló que en los últimos meses se ha creado una mala fama de estos lugares, aunque algunos se encuentran de forma irregular, la mayoría trabaja sin problemas, pero ya son parte de extorsiones, al no tener una correcta regularización por la autoridad federal.
“Y nosotros a pesar mostrar facturas y pedimento de su legal importación se las llevaban para saquearlas incluso cuando el procedimiento aduanal indica que se deben asegurar en el inmueble”, precisó otro de los empresarios.
El estar dentro de una laguna legal, les permite operar en el país, pero también los hace víctimas de la corrupción y la inseguridad.
Dieron a conocer que en caso de que el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, siga con el hostigamiento para quienes trabajan bajo la norma, saldrán a manifestarse y darán a conocer con precisión las distintas irregularidades.
